Picoteando el Espectáculo
El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, rechazó este miércoles lo que calificó como un irrespeto a Juan Pablo Duarte y a los símbolos patrios, la alteración del Himno Nacional que difunden exponentes del género musical “dembow” a través de Instagram, Tik Tok y otras cuentas de redes sociales.
El presidente del organismo patriótico explicó que estos jóvenes están haciendo un uso inapropiado de las redes al ultrajar al padre de la Patria y fundador de la República, al difundir imágenes videográficas en las cuales se le insulta y ofende por transmisiones en vivo.
“En lo que concierne al himno Nacional, a través de la red social Tik Tok se ultrajó este elevado emblema con un video que muestra un baile de dembow con movimientos obscenos e insinuantes, lo que agrava este execrable acto delictivo”, precisó Gómez Ramírez.
Dijo que esa entidad patriótica, sobre de lo que disponen las leyes números 127-01, sobre el Instituto Duartiano y la protección del buen nombre del prócer, y la 210-19, sobre Símbolos Patrios, procedió a apoderar formalmente a la magistrada procuradora general de la República, Mirian Germán, para que sean investigados y sometidos a la acción de la justicia.
Señaló que la ley número 127-01 establece que el Instituto Duartiano debe preservar el buen nombre de Duarte para la edificación cívica y moral del pueblo dominicano; también consigna que toda persona que atente contra respetabilidad, la honra y el buen nombre del padre de la Patria y fundador de la República, incurre en violación a tal disposición legal y la sanción prevista es prisión y multa.
Agregó que el artículo 37 de la ley número 210-19, sobre Símbolos Patrios, precisa que constituye ultraje contra el Himno Nacional cambiar su letra y tiempo musical, bailar mientras es interpretado, así como convertirlo en una pieza musical bailable.
En tanto, el artículo 39 de la referida ley 210-19 indica que “las personas que cometan ultraje contra el uso correcto de los símbolos patrios serán castigadas con la pena de uno a tres meses de prisión y multa de cinco a veinte salarios mínimos del sector público”.
Por último, Gómez Ramírez precisó que “esta entidad patriótica espera que el Ministerio Público investigue estos casos de manera que se alcancen los efectos disuasivos e intimidatorios necesarios para evitar que estos vergonzantes hechos se repitan”.
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